Como en el país, empresarios locales rechazan el tributo a la renta inesperada

Según cálculos del sector, serían 10 las compañías que quedarían afectadas.

La iniciativa que lleva adelante el Gobierno nacional para sumar recaudación a través de un nuevo impuesto, en este caso a la llamada renta inesperada, levantó una ola de críticas en el mundo empresario en todo el país y en San Juan no fue la excepción. Además de advertir que genera falta de previsibilidad y confianza y que no incentiva la producción, los hombres de negocios entienden que no ayuda a promover la inversión ni a la creación de puestos de trabajo. Según una estimación desde la Unión Industrial y de la Cámara Minera, habría una 10 firmas con plantas en la provincia que se verían afectadas con el nuevo tributo, que pertenecen a la minería, producción de cerámicos, una tomatera, una fabricante de placas de yeso, una autopartista y fábricas textiles.

Según lo que se conoce hasta ahora, el tributo se aplicará a las compañías que tengan ganancias superiores a los $ 1.000 millones anuales, es decir casi U$S 9 millones al tipo de cambio oficial.

La alícuota correrá para “un conjunto de empresas que tienen ventas netas imponibles altas en términos absolutos. Esto no es una condición suficiente, no sólo tener ganancia alta es una condición para contribuir, sino que es tan sólo una condición necesaria”, según expresó el ministro Martín Guzmán en la conferencia de prensa que dio junto al presidente Alberto Fernández. Según esa cartera, el universo al que le aplicarían ese impuesto es el 3,2% del total de las empresas del país.

Según las cuentas que sacan los mineros y los industriales, entre las empresas que quedarían afectadas se encuentran dos productoras de minerales metalíferos, que son Barrick, con su proyecto Veladero, y Gualcamayo, de Minas Argentinas, y dos caleras, como Caleras San Juan y Calidra. En la producción de cerámicos quedaría la Cerámica San Lorenzo, y dos textiles, como Vesuvio y Vicunha. También la autopartista Taranto, una fabricante de placas de yeso, Saint-Gobain, y la tomatera La Campagnola, del grupo Arcor.

Desde la Unión Industrial, Hugo Goransky, que participa en la junta directiva nacional de la entidad, contó que en una reunión ampliada que tuvo lugar en la tarde de ayer, con referentes de todo el país, hubo un rechazo unánime al plan oficial porque básicamente se trata de una nueva carga al sector productivo. “Rechazamos el impuesto número 166 que nos quieren aplicar”, sostuvo el dirigente, apenas terminó el encuentro. Y reconoció que todavía no se conocen mayores detalles de cómo se aplicará.

En el sector minero, tanto desde Barrick como del proyecto Josemaría, que viene de dar un paso importante con la aprobación de la declaración de impacto ambiental, guardaron silencio sobre la iniciativa. Desde la última empresa, por ejemplo, habían planteado la necesidad de asegurar las reglas de juego, como el tema tributario, para avanzar con el plan de inversión.

El ministro de Minería, Carlos Astudillo, en declaraciones al programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento, no dio una definición tajante sobre el plan oficial, aunque habló de “sectores agobiados por los impuestos” y reconoció que no conocía a fondo la propuesta.

El que sí fue claro en su respuesta fue Raúl Cabanay, directivo de la Cámara Minera y gerente general de Caleras San Juan. “Estamos cansados de nuevos impuestos, pero de bajar el gasto en el Gobierno nacional no hay nada”. Y agregó que “desde el sector empresario lo único que hacemos es asumir riesgos, pero nos siguen poniendo palos en la rueda”.

Desde la Federación Económica, Dino Minnozzi expresó que “se trata de otra acción injusta por parte del Gobierno. Lo único que se les ocurre es un nuevo impuesto”.

Bono

Otro de los anuncios del Gobierno nacional fue una ayuda económica a través de un bono extraordinario de $18.000 que estará destinado a trabajadores informales, monotributistas y jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos.

En la mira

28 Es la cantidad de empresas en el país que podrían ser afectadas por el nuevo tributo oficial en evaluación, que todavía debe pasar por el Congreso Nacional.