El viaje del salmón
El conflicto por Vicentin reactualiza tensiones históricas. La disputa es estructural: discutir “el campo” es discutir el modelo productivo, el tipo de cambio, el empleo y el Estado.
El conflicto con el campo no volvió porque nunca se fue. Siendo excesivos: el conflicto con el campo es también un poco aquello que llamaban en los albores de la democracia “la cría del Proceso”. El hijo de aquel fallido y sangriento intento de desempate estructural que pretendió Videla, Martínez de Hoz y Cía. El campo fue contra Raúl Alfonsín, lo vimos cien veces en aquel archivo preciso de 1988. La eterna queja del sector. Lo silban. Y Alfonsín (con su modesta tribuna de jóvenes de la Coordinadora vivándolo bajo el agua) no acepta esos silbidos. Llueve, es invierno, y Alfonsín les dice que ellos estuvieron muertos de miedo en la dictadura. Les quiere decir: “Se animan a silbar ahora que hay democracia”. A su modo los perdona: los trata de miedosos y no de cómplices de aquella dictadura. El campo fue contra Eduardo Duhalde en agosto de 2002, cuando repuso las retenciones a la soja. Enrique Crotto, el entonces presidente de la Sociedad Rural, criticó, en el acto de inauguración de la muestra anual, el gasto de la política, haciéndose eco del discurso anti-político de la crisis. Duhalde esquivó el toro, no fue a la ceremonia. “El campo siempre se queja”, decía Roberto Lavagna cuando aún era ministro de Economía de Kirchner, en los años de las tasas chinas, el “crecimiento con inclusión” y unos superávits gemelos que asordinaban todo. Como una rémora del antiguo orden y la vieja Nación, ahí está el campo en su juego en democracia: nuestra economía más moderna.
Existe en Argentina una disputa estructural de difícil solución: el sector industrial necesita un tipo de cambio real bajo y el campo uno alto. Para la industria, un tipo de cambio alto implica dificultad para producir; para los trabajadores, una pérdida en su capacidad de compra. El campo, al ser un sector exportador, requiere un tipo de cambio competitivo. El economista Pablo Gerchunoff plantea que el ideal es encontrar un tipo de cambio real de equilibrio social que compense la balanza entre los diferentes sectores económicos, pero lo cierto es que se trata de un conflicto históricamente en tensión (1).
La segunda disputa tiene que ver con el componente macroeconómico. Podemos discutir si las retenciones son o no la mejor herramienta recaudatoria, pero lo que no está en discusión es que la contribución fiscal del campo es imprescindible. Por otra parte, es el sector más dinámico y competitivo de la economía argentina y el principal garante de divisas. Sin embargo, la estructura productiva no puede orientarse únicamente al campo porque genera poco empleo. De modo que los gobiernos tienen que hacer finos equilibrios para cuidar el empleo y la producción, que suelen terminar con el sector agropecuario descontento.
Estas tensiones generaron una larga serie de conflictos entre el campo y los gobiernos, que tuvieron su pico en 2008. A partir de ese momento el campo dejó de ser solo un actor económico para convertirse en un sujeto social repleto de significantes. La Encuesta de Relaciones Sociales elaborada por el sociólogo Daniel Schteingart incluía la siguiente pregunta: ¿qué es lo primero que pensás cuando leés la palabra “campo”? El resultado de este ejercicio de asociación libre dejó al desnudo el mapa de los imaginarios en torno al campo: entre los votantes de Alberto Fernández las palabras más mencionadas fueron “oligarquía”, “soja”, “garca”; entre los votantes de Mauricio Macri, “vaca”, “trabajo”, “paz”, “tranquilidad”, “verde” (2).
¿Qué es esto?
Los significantes alrededor del campo existen, son contundentes y están plenamente signados por una disputa política. Pero, ¿qué es el campo? Es un poco todo eso. Es verde, trabajo, chacareros y peones al rayo del sol, y también es la Sociedad Rural y las Hilux cortando la ruta. Es terratenientes de decenas de miles de hectáreas y pymes familiares de fertilizantes que dependen exclusivamente del éxito del sector agropecuario. Es Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y también comunidades rurales de Santiago del Estero. Silobolsa y agricultura familiar. Todo eso es el campo, y todo eso forma parte también de la dificultad para abordarlo. Pero no es esa complejidad vastísima con la que casi siempre se discute. “Asociamos el campo a vacas, trigo y soja. Lo vemos como un todo homogéneo de oligarcas que juntan la plata fácil y la sacan al exterior. Un exceso de simplificación”, dice el sociólogo José Muzlera. Es exacto. Para muchas de las militancias peronistas el campo pasó de ser, antes del 2008, “eso que ignoramos y da dólares” a convertirse, después de 2008, en “eso que odiamos y entendemos mal”. Aunque se entiende lo básico: ahí están los dólares que Argentina siempre necesita, a merced de la recurrente restricción externa.
Federico Zapata escribió que el peronismo tiene una dificultad hacia el campo y lo explicó a través de la composición de los cuadros mismos del justicialismo del siglo XXI: está compuesto mayormente por patagónicos centro-desarrollistas, porteños progresistas y bonaerenses industrialistas del conurbano, realidades geográficas lejanas al sujeto productor agropecuario, que hace que no recurran a la experiencia objetiva para construir una narrativa, sino a representaciones históricas (3). El conflicto del peronismo con el campo no es ninguna novedad: desde 2008 en adelante se ha construido una narrativa de antagonismo con este sector.
Sin embargo, los problemas para abordar al campo no son únicamente propios del peronismo. Cambiemos fue inicialmente el espacio político que más cerca estuvo de representar al agro: muy presente en sus discursos, una de las primeras medidas de gobierno de Cambiemos fue eliminar las retenciones, designó como ministro de Agroindustria al presidente de la Sociedad Rural y su mejor performance electoral persiste en las zonas donde predomina la actividad agropecuaria. El mapa verde de los agronegocios se superpone al mapa electoral amarillo. Campo y ciudades. Pero cuando tuvo que volver a poner retenciones, porque de eso dependía en parte su posibilidad de llegar al otro lado de la orilla, el conflicto reapareció. A fines de 2018, las Confederaciones Rurales Argentinas sacaron un comunicado donde acusaban al gobierno de Macri de traicionar su confianza. Escribían: “Sin reparar en las profundas diferencias que ofrece el sector productivo en su interior, se decidió reimplantar retenciones a todos, sin calibrar si la fruta arrastra una debilidad estructural no recompuesta, o la lana requiere recuperar el 50% de su stock perdido, o que entre el productor de soja de Salta y el de Santa Fe existe un abismo de costos”.
El reclamo es el mismo: el campo no quiere pagar retenciones y denuncia que el gobierno no tiene en cuenta la heterogeneidad del sector. Estas tensiones perduran y probablemente persistan en el tiempo, con los diferentes gobiernos. Podríamos decir: el campo no tiene un problema exclusivo con el peronismo. Lo tiene con el Estado.
El sector agropecuario adquirió desde 2008 un peso político inédito y una inmensa capacidad de intervención en la agenda pública. De sector de la economía a actor político con vocación hegemónica. Somos la Nación. Hoy gana más impacto mediático un tractorazo que un paro o una manifestación de sectores sindicales históricos. Y su correlato de alianza: tractorazo + cacerolazo. El conflicto por la 125 fue tan extenso y desgastante que ningún gobierno quiere correr el riesgo de abrir una disputa de esa magnitud. Las imágenes de 4×4 o de tractores con banderas argentinas en las rutas que retrotraen a esas épocas atormentan a la ciudadanía. El campo ha sabido construir poder y representación política y social. Sin embargo, la posibilidad de que forme su propio partido es bastante baja: no solo porque la mayor parte del país es urbana, sino porque el sector no tiene demandas o reivindicaciones más allá del reclamo por un tipo de cambio competitivo y la lucha contra las retenciones. Es una agenda corta y eficaz, que organiza un discurso muy aprehensible, pero con los límites estructurales de su déficit: un país jugado al campo se vuelve ingobernable (desempleo, dólar, etc.).
Les queda entonces a los partidos mayoritarios el desafío de lidiar con estas disputas. Durante la mayor parte del gobierno de Cambiemos, el campo tuvo la oportunidad de demostrar que sin retenciones agobiantes y con un tipo de cambio competitivo podía ofrecer trabajo y prosperidad. Lo cierto es que eso no pasó, y hacia el final de su gobierno Macri tuvo que reponer retenciones e instaurar el cepo.
El peronismo
El peronismo en particular necesita cerrar las heridas aún abiertas de la 125 y lograr construir un vínculo de mayor confianza con el campo. Las tensiones probablemente continúen, porque el campo tiene demandas que son difíciles de saldar sin perjudicar significativamente la industria, el empleo y la recaudación. Sin embargo, es posible intentar un vínculo constructivo donde se incentive la producción agropecuaria sin orientar todo el aparato productivo a este sector, un punto de equilibrio entre la relación amigo-enemigo y la desregulación absoluta. Tal vez haya que discutir con honestidad si las retenciones son o no la mejor herramienta y si es eficiente tasar la actividad entera, sin distinciones. El campo también debe intentar saldar sus prejuicios y fantasmas hacia el gobierno (hacia los gobiernos) y aceptar sus limitaciones en cuanto a generación de empleo y sustentabilidad del modelo económico que propone.
Acá es donde surgen los interrogantes. ¿Quién va a entablar este diálogo? ¿Cómo? No está del todo claro cuál es el ala del gobierno que se sentará a negociar con el campo, ni quién puede ser un interlocutor válido, salvo que se piense que la tarea puede recaer pura y exclusivamente en el propio Presidente. El peronismo cordobés supo interpelar al campo y desarrollar un diálogo constructivo con este sector. El gobernador que podría cumplir ese rol dentro de la coalición de gobierno es Omar Perotti, aunque el conflicto de Vicentin significa un revés en ese sentido: aglutina al campo en contra, en especial al santafesino, y genera tensiones internas.
Alberto
Un rasgo distintivo de su, hasta ahora, “potencial liderazgo”, puede estar en el modo en que resolvió el Presidente aquel entredicho con Paolo Rocca, el CEO de la empresa Techint. Primero los trató de “miserables”, lo que levantó una esperable polvareda. Tan así que poco después surgió desde el núcleo kirchnerista el impulso fiscal contra los empresarios poderosos. Apareció, como lo repetían todos, “el proyecto de Máximo” de impuesto a la riqueza, que hasta ahora tuvo tratamiento solo mediático. Cuando Alberto Fernández fue entrevistado por el periodista Reynaldo Sietecase, semanas después de ese episodio, el Presidente dijo dos cosas a la vez: dijo que no se desdecía de sus palabras hacia Techint y Rocca (las reafirmó), pero dijo también que eso era todo lo que tenía para decir. O sea, abrió y cerró con cierre relámpago el entredicho. ¿Y qué dijo, entonces, o qué podemos traducir? Que el conflicto con Techint no le iba a organizar su gobierno. Que no iba a ser su “mini 125”. Que él organiza el conflicto y no que el conflicto lo organiza a él. En el país de todo es política, Alberto hace una política de “políticos” que no quieren que ninguna dinámica les marque demasiado la cancha. Pero, ¿es posible?
La Argentina del siglo XXI persiste obstinada en sus excepciones: demasiada clase media, demasiada sindicalización, demasiado campo, demasiada industria. Como el viaje del salmón, pero tal vez se trata de caminar siempre en la cornisa. Del difícil equilibrio que impone una condición: la de una política que cuide ese equilibrio para que este país tenga un piso de condiciones mínimas para un buen gobierno.
Por Inés Lovisolo y Martín Rodríguez
1. “El nudo argentino”, www.eldiplo.org/notas-web/el-nudo-argentino/
2. @danyscht
3. www.panamarevista.com/peronismo-y-campo-un-dialogo-imposible/
