La verdad sobre la deuda y la fuga de capitales

Por Mónica Sueldo

A finales de 2015 se puso en marcha un profundo cambio de paradigma en el enfoque de la política cambiaria, monetaria y de endeudamiento tendientes a una desregulación de los mercados. Al igual que en anteriores experiencias de extrema liberalización, las medidas resultaron el punto de partida de una grave crisis que afectó a la economía argentina.

Durante la fase de ingreso de capitales comprendida entre diciembre de 2015 y principios de 2018, aproximadamente 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país desde el exterior tenían su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos.

 El ingreso de divisas por deuda pública, privada e inversiones especulativas sumó USD 100.000 millones en ese período. Ante la desconfianza internacional y el cierre del otorgamiento de créditos del exterior, a principios de 2018, las autoridades decidieron recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), que desembolsó un préstamo record de USD 44.500 millones. A lo largo de todo el período, la llamada “fuga de capitales” se triplicó, superando los USD 86.000 millones. La fuga de capitales presenta en el período una notable concentración en unos pocos actores económicos.

Un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por USD 25.000 millones. Tras una severa crisis cambiaria, la aplicación del control de cambios a fines de octubre de 2019 resultó una herramienta efectiva para mitigar la “fuga de capitales” en un contexto de extrema volatilidad macroeconómica. (fue la vuelta al mal llamado “cepo” que ellos mismos desarmaron ni bien llegaron al gobierno en diciembre del 2015).

En una economía que históricamente encuentra en la restricción externa (esto es, la insuficiencia crónica de divisas) uno de los principales límites al desarrollo, los más de USD 86 mil millones que se fugaron tienen su equivalencia en términos de menor crecimiento e inversión, mayor desempleo y deterioro en la distribución del ingreso. La crisis actual no es la excepción y sus dramáticas consecuencias resultan hoy palpables.

El modelo económico que se gestó desde diciembre de 2015 alimentó, como no podía ser de otra manera, un ciclo de endeudamiento que condujo a una severa crisis de balance de pagos, devaluación del peso, aceleración inflacionaria, recesión y desempleo creciente.

 Argentina concluyó el año 2019 con una de las fases contractivas más prolongadas de su historia, una tasa de inflación que marcó el nivel más alto de los últimos 28 años, registros record de desempleo en 13 años y niveles de pobreza que alcanzaron al 40% de la población. Lejos de las auspiciosas promesas, la deuda externa no trajo consigo el desarrollo de nuevas y mejores capacidades productivas que favorecieran el crecimiento y desarrollo del país. Por el contrario, se convirtió en una gravosa carga a todas luces desproporcionada.

 En 2019, el peso de la deuda pública alcanzó una incidencia de más del 90% del PBI y sus intereses comprometieron más del 20% de los recursos tributarios. La deuda denominada en moneda extranjera representa 5,6 veces el valor de las reservas internacionales en poder del BCRA y 3,8 veces el monto de las exportaciones anuales de bienes. La contracara de esta fenomenal deuda, fue una abultada fuga de capitales cuyos beneficiarios constituyen un reducido grupo de empresas y personas que aprovecharon las ventajas transitorias de un modelo que ofrecía importantes rendimientos financieros. En el período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, la fuga de capitales superó los USD 86.000 millones.

(Fuente: informe del Banco Central de la República Argentina)

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